El pasado 1 de julio entró en vigor la nueva Ley del Suelo (Ley 8/2007, de 28 de mayo). Con ella se establece un marco jurídico con el que el Gobierno pretende dar respuesta a una situación que en el último barómetro del CIS, correspondiente al mes de diciembre, se perfilaba como uno de los principales problemas de los españoles: el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna.