El 1 de enero de 2012 ha entrado en vigor la Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. No debe interpretarse como un cambio radical, sino como un nuevo intento de actualización que trata de convertir el concurso de acreedores en un instrumento al servicio de la viabilidad de las empresas, alejándolo del propósito liquidador que en la práctica ha perseguido en los últimos años.