A finales del siglo XIX existían en España cooperativas de consumo fuertes, tanto en la zona de Cataluña, como en Valencia o en el País Vasco. La situación cambió posteriormente y el cooperativismo de consumo atravesó por momentos de crisis que se saldaron con el cierre de algunas cooperativas que no supieron o no quisieron adaptarse a los cambios que se estaban produciendo.
Ponencia ofrecida por Marta Casado, miembro de San José Abogados, en el Juzgado de Vitoria, el 12 de febrero de 2009. Derecho Comunitario-Europeo Privado.
Las obligaciones contractuales en el ámbito del Derecho Comunitario: El nuevo Reglamento Roma I, Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 12 de febrero de 2009.
Tratado práctico concursal, Pedro Prendes Carril (dir.), Cizur Menor, 2009 Ed. Thomson Aranzadi (ISBN 8483556367)
Las obligaciones contractuales en el ámbito del Derecho Comunitario: el nuevo Reglamento Roma I, Juzgado de San Sebastian, 29 de enero de 2009 Derecho Comunitario-Europeo Privado.
Las obligaciones contractuales en el ámbito del Derecho Comunitario: El nuevo Reglamento Roma I, Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco, Donostia-San Sebastián, 29 de enero de 2009.
La autorización del transportista de residuos peligrosos y su eventual incompatibilidad con el Derecho Comunitario, Estudios sobre Derecho y Economía del Transporte: Reforma y Liberalización, F. Martínez Sanz y M.V.Petit Lavall (Dirs.), Madrid, Ed. Tecnos, 2009 (ISBN 978-84-309-4847-5), págs.123-132.
El 18 de febrero se publicaba en el Boletín Oficial del País Vasco la Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar, con la que se pretende reducir el número de asuntos que lleguen a los juzgados y fomentar la búsqueda de soluciones estables y compartidas por los implicados en un conflicto convivencial de carácter familiar.
Mucho se ha debatido sobre el agotamiento de la vía cooperativa como presupuesto previo procesal para acudir a la vía jurisdiccional.
En su sentencia de 14 de octubre de 2008 el TJCE ha declarado que el artículo 18 CE se opone a que las autoridades de un Estado miembro, aplicando su Derecho interno, denieguen el reconocimiento del apellido de un niño tal y como ha sido determinado e inscrito en otro Estado miembro en el que ese niño nació y reside desde entonces y quien, al igual que sus padres, sólo posee la nacionalidad del primer Estado miembro.
