El pasado miércoles el Parlamento Europeo aprobó la conocida como «Directiva de Retorno». El legislador comunitario concibe este norma como un instrumento necesario para llevar a cabo una política de migración bien gestionada que ponga fin a la estancia ilegal de nacionales de terceros países en territorio comunitario a través de un procedimiento considerado justo y transparente por unos, y de dudosa compatibilidad con los derechos humanos por otros.