El pasado 14 de julio, se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en el que se adoptan medidas que afectan a normas en el ámbito fiscal, laboral, mercantil y administrativo.
Código de Derecho Internacional Privado. 10ª ed., Colección Códigos Básicos de la Editorial Thomson Reuters – Aranzadi (ISBN 978-84-9014-048-2).
El pasado día 29 de marzo el Congreso de los Diputados acordó convalidar el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, el cual había sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el de 10 de marzo de 2012, más conocido como Real Decreto Ley sobre la dación en pago.
El pasado 29 de julio de 2011 se publicó en el Boletín Oficial del Estado n.º 181 la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (en adelante, LRSC).
Los proveedores de los ayuntamientos y las comunidades autónomas que tengan facturas pendientes de pago generadas antes del final de 2011 comenzarán a cobrarlas a partir de este mes de mayo.
Una de las numerosas novedades de la reforma laboral publicada en el B.O.E del pasado del pasado 11 de febrero de 2012 es el denominado “contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores”.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de Febrero el Real Decreto Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, la tercera de las grandes reformas en esta materia, asegurando que estas medidas “marcarán un antes y un después en la legislación laboral en España”, ya que permitirán crecer y crear empleo.
La morosidad en las operaciones comerciales internacionales, Medidas de lucha contra la morosidad, 2012, págs. 389-491 (ISBN 978-84-8126-387-9).
El 13 de abril de 2011 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria la aprobación de la Ley 2/2011, de 4 de Abril que modificaba la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, en relación con los procedimientos de indemnización patrimonial en materia urbanística.
El 1 de enero de 2012 ha entrado en vigor la Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. No debe interpretarse como un cambio radical, sino como un nuevo intento de actualización que trata de convertir el concurso de acreedores en un instrumento al servicio de la viabilidad de las empresas, alejándolo del propósito liquidador que en la práctica ha perseguido en los últimos años.
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