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Un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria de los administradores por deudas tributarias

La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, que entró en vigor el pasado 31 de octubre de 2012, ha introducido un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria…

Breves pinceladas sobre la nueva Ley de Tasas Judiciales

El miércoles 21 de noviembre entró en vigor la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

El Real Decreto Ley 20/2012: La subida del IVA y algunas sorpresas más en materia fiscal

El pasado 14 de julio, se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en el que se adoptan medidas que afectan a normas en el ámbito fiscal, laboral, mercantil y administrativo.

Suelos contaminados: nuevas directrices tras la Ley 22/2011

El pasado 29 de julio de 2011 se publicó en el Boletín Oficial del Estado n.º 181 la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (en adelante, LRSC).

El problema de la responsabilidad por las sentencias de derribo en Cantabria

El 13 de abril de 2011 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria la aprobación de la Ley 2/2011, de 4 de Abril que modificaba la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, en relación con los procedimientos de indemnización patrimonial en materia urbanística.

El Real Decreto Ley 8/2011: nuevas medidas en materia económica e inmobiliaria

Tipo para subastas hipotecarias, rehabilitaciones, declaraciones de obra nueva, silencio administrativo… son algunas de las heterogéneas cuestiones reguladas en esta norma que entró en vigor el 7 de julio de 2011 y con las que se pretende incrementar la seguridad jurídica de los destinatarios últimos de las construcciones.