El RDL 11/2020, de 31 de marzo, ha regulado una serie de medidas para proteger a los arrendatarios, como consecuencia del daño económico y social provocado por el confinamiento decretado por el estado de alarma.
Las dos primeras medidas se dirigen a personas que deben cumplir el requisito de encontrarse en situación de vulnerabilidad, de tal manera que podrán solicitar la suspensión de los desahucios o lanzamientos que se hubieran acordado judicialmente, o incluso una moratoria en el pago de las rentas, si acreditan que la vivienda alquilada es su domicilio habitual y no cuentan con una alternativa habitacional.