El 11 de marzo de 2020 el Tribunal Supremo volvió a fallar en contra de los intereses de las entidades bancarias, en un litigio sobre cláusula suelo interpuesto por autónomos.
La resolución es de suma importancia, puesto que consolida el criterio establecido en su anterior Sentencia de 25 de enero de 2019, en la que del mismo modo declaró la nulidad de la cláusula suelo inserta en la hipoteca de un empresario.
¿Qué pasa con las conciliaciones que se tenían que haber celebrado ante el SMAC durante el estado de alarma?
Como bien sabéis, desde la declaración del estado de alarma todos los plazos, procesales y administrativos, se encuentran suspendidos.
En el día de ayer se aprobó el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, que permite la prórroga de los ERTE que se habían interpuesto fruto de las medidas tomadas para luchar contra el coronarvirus, paralizando la actividad de miles de empresas.
El Gobierno atendió así la solicitud formulada desde distintos ámbitos, a fin de dar seguridad a miles de empresas y autónomos, que se están viendo severamente penalizados por el confinamiento decretado, y que necesitaban saber que más allá del fin del estado de alarma, iban a poder recurrir al mantenimiento del ERTE hasta que su actividad alcanzará un mínimo nivel de viablidad para afrontar el coste laboral de sus trabajadores.
Tal y como veníamos advirtiendo desde San José Abogados, la controversia sobre el IRPH se mantiene a pesar de algunos análisis que habíamos leído sobre el Informe del Abogado General y la reciente Sentencia del TJUE acerca de las hipotecas referenciadas al citado índice oficial.
El RDL 11/2020, de 31 de marzo, ha regulado una serie de medidas para proteger a los arrendatarios, como consecuencia del daño económico y social provocado por el confinamiento decretado por el estado de alarma.
Las dos primeras medidas se dirigen a personas que deben cumplir el requisito de encontrarse en situación de vulnerabilidad, de tal manera que podrán solicitar la suspensión de los desahucios o lanzamientos que se hubieran acordado judicialmente, o incluso una moratoria en el pago de las rentas, si acreditan que la vivienda alquilada es su domicilio habitual y no cuentan con una alternativa habitacional.
Iñaki Garcés, miembro de San José Abogados, sigue informando sobre las novedades legislativas, y en concreto sobre el texto remitido desde la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social el pasado día 29 de abril, en relación a la gestión de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
Como consecuencia de las sucesivas prórrogas que se han ido produciendo en la declaración del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, se han ido desarrollando situaciones que han producido cambios de criterios en la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
Afortunadamente comienzan a darse pasos hacia el desconfinamiento, de tal manera que en San José Abogados hemos implantado una serie de medidas que garanticen la seguridad de nuestros empleados y de aquellas personas que hayan de acudir a nuestras instalaciones, sin perjuicio de que seguiremos apostando por el teletrabajo hasta que se levante el estado de alarma.
Atendiendo las recomendaciones del Gobierno, os rogamos que os pongáis en contacto con el Despacho, ya sea telefónicamente o a través de mail, si es preciso que acudáis a nuestras instalaciones para entregar/recoger documentación, o para celebrar reuniones (siempre que no sea posible plantear vuestras dudas vía telefónica o por mail), a fin de que, con carácter previo, se os facilite una cita para poder llevarse a cabo.
Hace dos meses que conocimos el Informe del Abogado General del TJUE, sobre la petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Teruel (Asunto C-452/18), ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que versaba sobre la compatibilidad con la Directiva 93/13 del contrato suscrito entre la entidad bancaria IBERCAJA y un consumidor, en el que se acordaba novar la cláusula suelo que se incluía en el préstamo hipotecario entre las partes, confirmando la validez del contrato de préstamo y la renuncia mutua a impugnar la indicada cláusula suelo por la vía judicial.
El asunto resulta trascendental porque muchas entidades bancarias aprovecharon la incertidumbre creada en 2013, tras la Sentencia del Tribunal Supremo que declaraba la nulidad de la cláusula suelo pero absolvía a las entidades de la devolución del dinero que habían percibido fruto de la aplicación de la referida cláusula, para proponer a sus clientes que firmaran un documento que anulaba la cláusula, a cambio de que éstos renunciaran a exigirles los importes pagados fruto de su indebida aplicación durante años.
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