Hace apenas una semana que se decretó el estado de alarma por el coronavirus, y se prohibieron ciertas actividades a fin de promover el distanciamiento social.
Entre las citadas actividades se encuentran las relacionadas con el mundo de la hostelería, las tiendas de ropa,…, comercios todos ellos que en la mayoría de las ocasiones se ubican en locales alquilados, y cuyas rentas pueden ser ciertamente elevadas dependiendo de la zona en que se encuentren.
Iñaki Garcés, miembro de San José Abogados, informa acerca de las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establecidas en el RDL 8/2020, de 17 de marzo, en concreto sobre la prestación extraordinaria por cese de actividad destinada a trabajadores autónomos.
Antes de pasar a definir el procedimiento y las condiciones para acceder a dicha prestación, es preciso poner de manifiesto que a día de hoy no está habilitada la solicitud telemática para acceder a la prestación, que la misma va a ser gestionada de manera conjunta entre la asesoría y las diferentes Mutas de cobertura de contingencias, y que estas entidades aconsejan esperar a la semana que viene para que pueda estar implementado el procedimiento abreviado y sin excesivos trámites, de solicitud y acceso a la prestación extraordinaria por cese de actividad.
El Consejo de Gobierno de la Diputación ha aprobado este martes, 17 de marzo, el Decreto Foral Normativo 1/2020, que será remitido para su ratificación a las Juntas Generales y que recoge un conjunto de medidas, de cara a intentar paliar en el ámbito fiscal, los graves problemas económicos que esta situación de pandemia generada por el COVID-19 está causando en autónomos y Pymes (menos de 50 trabajadores y que facturan por debajo de los 10 millones de euros anuales).
Las Haciendas Forales abordan estas medidas con carácter de urgencia, para conceder aplazamientos en los supuestos más urgentes, pero no se descarta que puedan tomar nuevas medidas según avancen las semanas en relación a otro tipo de impuestos como la declaración del IPPF (modelo 100) que se inicia en primavera y también a la del Impuesto de Sociedades (modelo 200) que se formula a finales de julio por parte de las empresas.
Ayer día 14 de marzo de 2020 se publicó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, fruto de la situación de emergencia de salud publica definida por la Organización Mundial de la Salud como pandemia internacional.
Entre las medidas adoptadas se encuentra la limitación de la libertad de circulación de las personas, las requisas temporales y prestaciones personales obligatorias, la contención en el ámbito educativo y de la formación, y en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales como las desarrolladas en lugares de culto.
El 4 de marzo de 2020 el Tribunal Supremo se pronunció sobre la validez de una tarjeta revolving, fruto del tipo de interés remuneratorio, considerándola nula por vulnerar la Ley de Usura de 1908.
La citada Sentencia, aunque polémica por la utilización de una ley centenaria que se elaboró para evitar las condiciones leoninas que los usureros imponían, y como sanción a un abuso inmoral, lo cierto es que confirma la postura de San José Abogados en cuanto a la ilegalidad en la comercialización de un producto financiero que han llevado a cabo multitud de entidades, a fin de cobrar cantidades ingentes a sus clientes, a través de una deficiente información sobre las consecuencias del uso de la tarjeta.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado Sentencia en el caso del IRPH planteado por el Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona.
Es preciso recordar que la Sentencia era muy esperada, como consecuencia del pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre un recurso de casación en el que dio la razón a Kutxabank en la comercialización de una hipoteca referenciada al IRPH (STS 14 de diciembre de 2017).
Hace bastantes años – cuando todavía se utilizaban las pesetas -, vino a San José Abogados un cliente porque una persona se había puesto en contacto con él afirmando ser propietaria de 1/6 parte de la vivienda familiar.
Nos explicó que había heredado un inmueble, junto a sus dos hermanos, y que uno de ellos había fallecido. También nos dijo que su finado hermano habría incurrido en una deuda con el Banco Santander, fruto del impago de un préstamo, y que la citada entidad habría embargado su parte del inmueble en un procedimiento ejecutivo del que habían tenido conocimiento tras su fallecimiento, y a raíz de la llamada a la que hacíamos referencia al inicio de la historia.
Han pasado 20 años desde que entrara en vigor la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), y todavía no se ha cumplido el mandato de la Disposición final decimosexta sobre el recurso extraordinario por infracción procesal:
Régimen transitorio en materia de recursos extraordinarios.
1. En tanto no se confiera a los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para conocer del recurso extraordinario por infracción procesal, dicho recurso procederá, por los motivos previstos en el artículo 469, respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477.
A pesar de que la multitud de procedimientos judiciales ha provocado un retraso en la obtención de Sentencias sobre gastos hipotecarios, terminado el 2019 desde San José Abogados podemos afirmar que son decenas las Sentencias que hemos logrado en favor de nuestros clientes.
Si bien inicialmente, cuando los clientes acudieron nuestro Despacho, contemplamos un plazo estimado de un año para obtener Sentencia, lo cierto es que dicho plazo se ha duplicado, y en algunos casos, precisamente los procedimientos que iniciamos antes, está próximo a triplicarse.
La Sala de lo Social de la AN, Sección 1ª, dictó el pasado 10 de diciembre de 2019 una Sentencia que pone fin a una cuestión que sobrevolaba las relaciones laborales desde hace muchísimos años, y que nadie se atrevía a responder con rotundidad: si un trabajador utiliza 10 minutos para tomar un café, o fumar un cigarro, ¿es tiempo de trabajo?
